DEL SUEÑO PERONISTA A LA TRAGEDIA NEOLIBERAL: UNA MIRADA CRÍTICA A LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES
El próximo 11 de marzo se cumplirá un nuevo aniversario de la sanción de la reforma de la Constitución Nacional, hecho de trascendencia inusitada, no solo por lo que significó durante el período de su vigencia, sino también por las consecuencias que, con posterioridad, llevaron a las bandas reaccionarias antidemocráticas a concretar el crimen más infamante del que se pueda tener memoria en la historia del derecho.
A fin de llevar a cabo tan trascendental hecho republicano, el General Perón oportunamente convocó a los más importantes juristas de la época para encomendarles la titánica tarea de dotar al pueblo argentino de una ley fundamental que consagrara y protegiera los derechos y garantías establecidos por el gobierno revolucionario y, a su vez, diera marco jurídico al modelo de país del futuro. Porque esa es la función que debe cumplir una constitución en un país: dar el marco jurídico indispensable a todo estado de derecho y marcar los objetivos necesarios para la concreción de un estado justo, libre y soberano.
A nadie, y mucho menos al presidente Perón, se le hubiera ocurrido que, en el futuro, una banda de bárbaros criminales procederían a la anulación de la ley fundamental de la Nación mediante un bando militar y restaurarían el antiguo texto de 1853, hecho a imagen y semejanza de los intereses de la oligarquía terrateniente explotadora: el modelo de país de las vacas gordas y los peones flacos. Pero más allá de la génesis de este hecho jurídicamente aberrante, más aberrante aún fue la convocatoria efectuada en 1994 por parte del gobierno liberal entreguista que, con ropaje peronista, procedió a convalidar un acto jurídico de nulidad absoluta e insanable. Y ahí hubo algunos que, con total desparpajo, olvidaron lo aprendido en la facultad de derecho y, sin chistar ni hacer observación alguna, convalidaron con su voto y participación como constituyentes esta aberración jurídica (¿o no es así, doctora?).
De esta manera, y más allá del maquillaje hipócrita, la Constitución Nacional sancionada en 1994 vino a consolidar un modelo de país liberal-capitalista semicolonial, con un régimen de democracia formal donde el pueblo ni come, ni se cura, ni se educa, no tiene vivienda digna ni tampoco igualdad de oportunidades: otro eufemismo liberal con el que se intenta tapar lo que realmente sucede en este país dividido en castas, no solo políticas.
Ahora bien, vayamos a la génesis de este hecho trascendental para la Patria, solo comparable a la decisión tomada el 9 de julio de 1816. El 24 de febrero de 1947, el presidente Perón convocó al Teatro Colón a 3.000 dirigentes gremiales. Allí dio a conocer los derechos del trabajador y, en septiembre de 1948, los convocó nuevamente para consensuar con ellos su propuesta de reforma de la Constitución, pidiendo la participación activa de los trabajadores en la redacción de la misma. Este hecho marcó definitivamente el fundamento ideológico de la revolución peronista, porque, de esa manera, al ser incluidos los derechos de los trabajadores en la ley fundamental del país, estos nunca más sufrirían las angustias del hambre y la explotación a la que eran sometidos por las oligarquías depredadoras del patrimonio nacional.
El 13 de agosto de 1948, la Cámara de Diputados determinó, de acuerdo con lo normado en el artículo 30 de la Constitución Nacional, la necesidad de la reforma y, en consecuencia, se dictó la Ley 13.233, quedando de esta manera habilitada la convocatoria para proceder a la reforma. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada. Para tal efecto, se convocó a elecciones de constituyentes el 5 de diciembre de 1948. En la lista de constituyentes figuraban destacados juristas con amplia capacidad y experiencia de debate, tales como Arturo Sampay, John William Cooke, Eduardo Colom, Ítalo Argentino Lúder, Joaquín Díaz de Vivar, entre otros. El resultado no dejó dudas sobre la voluntad del pueblo argentino: el Partido Peronista obtuvo el 61,38% de los votos; la UCR, el 26,86%; el Partido Comunista, el 2,95%; y votos en blanco o anulados, el 4,20%. ¿Está claro o te hago un dibujo?
La convención inició sus sesiones el 24 de enero de 1949, teniendo al Coronel Domingo Mercante como presidente. En esta instancia, los radicales, para no perder su vieja costumbre de oponerse a todo lo que beneficie a la clase trabajadora y perjudique los intereses de la oligarquía ganadera, impugnaron la sesión alegando "irregularidades en la convocatoria" y, obviamente, se retiraron del recinto. No fuera cosa que los pusieran a trabajar.
La reforma no solo era una necesidad jurídica, sino que, ante la cantidad de anacronismos y normas en desuso de la Constitución Nacional de 1853, era absolutamente imprescindible reformar viejas normas de una democracia liberal decimonónica hecha para una colonia proveedora de materias primas, para dar el salto normativo hacia una democracia social donde el pueblo, a través de sus auténticos representantes, delibere y gobierne. Porque, para nosotros, la verdadera democracia es aquella en la que el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo.
El 11 de marzo por la tarde, el compañero Mercante anunció la sanción de la nueva constitución. En esa instancia, y esto es bueno recordarlo, los diputados radicales también prestaron juramento, autorizados por una resolución de su convención nacional, máximo órgano partidario.
Así se consagró en el texto constitucional, como ley suprema de la Nación, la voluntad del pueblo argentino de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. En su artículo 37 se consagraron con jerarquía constitucional los derechos del trabajador, los derechos de la familia, los derechos de la ancianidad, los derechos a la educación y la cultura, y la función social de la propiedad, del capital y de la actividad económica.
Como refirió el maestro Jauretche, con la sanción de este cuerpo normativo se terminaba definitivamente el estatuto legal del coloniaje. Aunque, en ese momento, nadie pensó que esos bárbaros cometerían semejante disparate: eliminar una constitución votada por la mayoría del pueblo mediante un bando militar; convocar, con posterioridad, a una convención constituyente sin fundamento jurídico alguno; sesionar con el partido mayoritario proscrito; y sancionarla sin quórum. Ninguno de los "demócratas" alzó la voz. Para mal de la Patria, un gobierno que se decía peronista, con la complicidad de los "democráticos de todos los tiempos", sancionó sin el más mínimo pudor ni honestidad intelectual el mamarracho que hoy rige desde 1994.
Ricardo Blanco
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